Hace ya tiempo que se especula con la salida del ministro de Educación, José Ignacio Wert Ortega, del Gobierno presidido por Mariano Rajoy. La confirmación de este cambio podría ser tomada por muchos como una victoria de la acción de protesta que ha tenido lugar a lo largo de los últimos meses y años.
Creo que tal interpretación sería errónea. Podemos deducir que quienes exigen la marcha inmediata de Wert consideran que tal hecho es necesario para que se produzca un cambio en las políticas públicas educativas en España. Por esta razón, sería de interés prever las posibles consecuencias que tal decisión provocaría en caso de que tuviera lugar; esta reflexión se debe realizar en un marco algo distinto al cotidiano, considerando que las personas constituyen actores de vigencia temporal y que, al mismo tiempo, interaccionan entre sí dentro de una estructura compleja.
Desde este punto de vista, se tiene constancia de que el ministro de Educación, Cultura y Deporte ocupa una posición que sirve de enlace a múltiples instituciones de diverso tipo. Exitoso directivo de empresas demoscópicas y ex director adjunto del banco BBVA, José Ignacio Wert representa un buen ejemplo del empresario próspero proveniente de una carrera inicial en entidades de carácter público (CIS, RTVE) y político (Alianza Popular, Congreso de los Diputados y Ayuntamiento de Madrid).
¿Qué ocurriría si este importante 'decisor' desapareciera del mapa político? Aparte del hecho de que seguiría tomando decisiones importantes en otros terrenos (ha sido presidente de Demoscopia, Sofres e Inspire Consultores), la sustitución de Wert por otro ministro (como José María Lasalle, por ejemplo) respondería a las exigencias de una posición que tiene que lidiar con múltiples organismos del sector público y privado, para cumplir, además, con el programa político del partido que gobierna con mayoría absoluta. Lo más probable es que la marcha del ministro, que muchos tildarían de éxito en la lucha contra los recortes, consistiera en su mera sustitución por otro gestor que ejercería, como mucho, un estilo comunicativo diferente. No es casualidad, en este sentido, que los mayores esfuerzos realizados por nuestros gobernantes más recientes hayan consistido en 'saber comunicar o contar' las medidas que se están adoptando a lo largo de esta crisis.
Pero no solo se trata de analizar las relaciones sociales existentes. También hay que echar un vistazo a los números. La reforma educativa se está produciendo en el marco de una serie de acuerdos a escala europea (con un cambio en la Constitución Española aprobado por los dos principales partidos de la democracia parlamentaria) que persiguen fundamentalmente la reducción del déficit público y la estabilización de la deuda a largo plazo. Esto implica recortes y medidas políticas que suponen y supondrán un encarecimiento progresivo de los servicios públicos. La ley de Educación es solo una manifestación de estas circunstancias.
¿Pero es que los gobiernos no responden a los intereses de los ciudadanos? En todo caso, necesitan sus votos para mantenerse en el poder político. Sin embargo, las actuales circunstancias inclinan la balanza por eso que se ha denominado como "consolidación fiscal". Los públicos, los miembros de la masa o la ciudadanía, como se prefiera decir, tienen también pendientes una serie de reformas: la elaboración un programa de políticas públicas coherentes con una ética ciudadana avanzada y sostenibles a largo plazo, la reflexión sobre los errores cometidos en el diagnóstico y en la acción de protesta, etcétera. Mientras que 'la gente' no emerja como un colectivo con unos intereses concretos y una serie de medios explícitos para conseguirlos, los cambios y las crisis ministeriales solo formarán parte de las dinámicas internas del poder y del espectáculo cotidiano y televisivo con el que vivimos todos los días. Wert no dimite, se queda. Para el caso, lo mismo da. Por ahora.
Creo que tal interpretación sería errónea. Podemos deducir que quienes exigen la marcha inmediata de Wert consideran que tal hecho es necesario para que se produzca un cambio en las políticas públicas educativas en España. Por esta razón, sería de interés prever las posibles consecuencias que tal decisión provocaría en caso de que tuviera lugar; esta reflexión se debe realizar en un marco algo distinto al cotidiano, considerando que las personas constituyen actores de vigencia temporal y que, al mismo tiempo, interaccionan entre sí dentro de una estructura compleja.
Desde este punto de vista, se tiene constancia de que el ministro de Educación, Cultura y Deporte ocupa una posición que sirve de enlace a múltiples instituciones de diverso tipo. Exitoso directivo de empresas demoscópicas y ex director adjunto del banco BBVA, José Ignacio Wert representa un buen ejemplo del empresario próspero proveniente de una carrera inicial en entidades de carácter público (CIS, RTVE) y político (Alianza Popular, Congreso de los Diputados y Ayuntamiento de Madrid).
¿Qué ocurriría si este importante 'decisor' desapareciera del mapa político? Aparte del hecho de que seguiría tomando decisiones importantes en otros terrenos (ha sido presidente de Demoscopia, Sofres e Inspire Consultores), la sustitución de Wert por otro ministro (como José María Lasalle, por ejemplo) respondería a las exigencias de una posición que tiene que lidiar con múltiples organismos del sector público y privado, para cumplir, además, con el programa político del partido que gobierna con mayoría absoluta. Lo más probable es que la marcha del ministro, que muchos tildarían de éxito en la lucha contra los recortes, consistiera en su mera sustitución por otro gestor que ejercería, como mucho, un estilo comunicativo diferente. No es casualidad, en este sentido, que los mayores esfuerzos realizados por nuestros gobernantes más recientes hayan consistido en 'saber comunicar o contar' las medidas que se están adoptando a lo largo de esta crisis.
Pero no solo se trata de analizar las relaciones sociales existentes. También hay que echar un vistazo a los números. La reforma educativa se está produciendo en el marco de una serie de acuerdos a escala europea (con un cambio en la Constitución Española aprobado por los dos principales partidos de la democracia parlamentaria) que persiguen fundamentalmente la reducción del déficit público y la estabilización de la deuda a largo plazo. Esto implica recortes y medidas políticas que suponen y supondrán un encarecimiento progresivo de los servicios públicos. La ley de Educación es solo una manifestación de estas circunstancias.
¿Pero es que los gobiernos no responden a los intereses de los ciudadanos? En todo caso, necesitan sus votos para mantenerse en el poder político. Sin embargo, las actuales circunstancias inclinan la balanza por eso que se ha denominado como "consolidación fiscal". Los públicos, los miembros de la masa o la ciudadanía, como se prefiera decir, tienen también pendientes una serie de reformas: la elaboración un programa de políticas públicas coherentes con una ética ciudadana avanzada y sostenibles a largo plazo, la reflexión sobre los errores cometidos en el diagnóstico y en la acción de protesta, etcétera. Mientras que 'la gente' no emerja como un colectivo con unos intereses concretos y una serie de medios explícitos para conseguirlos, los cambios y las crisis ministeriales solo formarán parte de las dinámicas internas del poder y del espectáculo cotidiano y televisivo con el que vivimos todos los días. Wert no dimite, se queda. Para el caso, lo mismo da. Por ahora.