Según fuentes policiales, alrededor de 30.000 subsaharianos están asentados en Marruecos a las espera de poder entrar clandestinamente en Europa, en la mayoría de los casos a través de Ceuta y Melilla. En los últimos días se han producido nuevas avalanchas en Melilla con la entrada de 150 subsaharianos.
Estas dos ciudades española se enfrentan desde hace meses al aumento de una fuerte presión migratoria que mantiene en alerta constante a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y no se pierda de vista que esta presión se produce, justamente, en las fronteras exteriores de la UE donde se delinean las diferencias de renta y las desigualdades más gruesas entre países fronterizos de todo el planeta tierra: Ceuta y Melilla, señalan, efectivamente no sólo la frontera entre España y Marruecos, sino entre la UE y Marruecos en el continente africano.
Hace apenas un mes, el pasado 6 de febrero, se producía un suceso dramático. Acabó cobrándose la vida de 15 inmigrantes ahogados penosamente en la playa del Tarajal, en Ceuta -junto al espigón que delinea su frontera con Marruecos-.
Tras la comparecencia en el Congreso del Ministro del Interior de España, y las contradicciones puestas de manifiesto en las sucesivas versiones de tan trágico desenlace, ha quedado confirmada la utilización de pelotas de goma contra los inmigrantes. Se pretendía la práctica de la "devolución en caliente" sin respeto alguno de los derechos humanos afectados implicados (non refoulement: principio vertebral del derecho de asilo y de refugio), ni del ordenamiento jurídico español, comunitario e internacional.
La propia comisaria europea de interior, Cecilia Malmström, ha manifestado su preocupación por estos hechos. Corresponde ahora debatir en qué acciones concretas va a traducirse esta preocupación por parte de la Comisión Europea (CE) respecto a la actuación del Gobierno español.
La Comisión de Libertad, Justicia e Interior del Parlamento Europeo (Comisión LIBE) que presido ha introducido este asunto en el orden del día de sus trabajos.
Las cuestiones a resolver son al menos las siguientes:
Ante todo, primero la Comisión LIBE tiene el deber de ocuparse en su próxima reunión de analizar las quince muertes de inmigrantes ocurridas en Ceuta, frontera exterior de Europa, porque entiende que la Unión no podría mirar para otro lado porque si actuara de otro modo estaríamos no sólo ante una tragedia sino ante un motivo de vergüenza.
En efecto, la UE no podría ni debería mirar para otro lado ante lo ocurrido solo porque los fallecidos sean subsaharianos, pobres y despavoridos: el Gobierno del PP debe dar cumplida cuenta de su responsabilidad por una acción de seguridad que acaba terminando con quince muertos. Esos inmigrantes fueron repelidos por fuerzas de seguridad. Y fue al asustarse y huir, que quince de ellos acabaron ahogándose y perdiendo la vida. Este asunto es enormemente grave, porque no hablamos de que un cayuco con inmigrantes a bordo se haya hundido en alta mar, sin posibilidad de rescatarlos, lo cual es siempre una desgracia, sino de muertes producidas tras una actuación policial.
Tan lamentable suceso se ha producido, además, en una playa que es frontera exterior de la UE. En ellas los Estados miembros están obligados a respetar el derecho humanitario, no a realizar "devoluciones en caliente" cuando pueda haber en juego derechos fundamentales implicados, como los de asilo y refugio. No es admisible "pasar página", como si no hubiera ocurrido nada, alegando que "la inmigración es un asunto de Estado" con la pretensión de que desde Europa no se hagan preguntas incómodas. Tales preguntas, al contrario, deben ser planteadas obligatoriamente. Y el Gobierno español tiene que dar explicaciones ante la pérdida de la vida de quince personas que huían de la desesperación tocando en la puerta de la UE.
A ver si somos capaces de asumirlo. ¿Alguien se imagina que en un país de la UE una intervención policial termine con un saldo de 15 muertos y las instituciones europeas no reaccionen? Esas personas murieron en las fronteras exteriores de la UE y las instituciones comunitarias deben estar a la altura de los valores que proclaman y con los que se llenan la boca.
¿Acaso deberíamos pasar por alto estas muertes sólo porque las víctimas fueron 15 subsaharianos pobres y desesperados, como si no tuviesen identidad y familiares que les lloran, como si no tuvieran dignidad como personas que habría debido ser garantizada por todos los poderes públicos de la UE y sus Estados miembros?
¿No piensa acaso la CE que, ante tan grave situación, que cuestiona nada menos que la protección de derechos humanos y el propio acervo comunitario en materia de inmigración y asilo en los Estados miembros deberían aclararse y en su caso depurarse las responsabilidades y, sobre todo, actuar para que esto no vuelva a suceder?
¿Y qué medidas piensa adoptar la CE para apoyar y resolver esta fuerte presión migratoria en la frontera sur de Europa y evitar que una tragedia así vuelva a suceder?
¿Puede estar satisfecha la Comisión de los resultados de las medidas adoptadas a lo largo de esta legislatura europea para responder a los movimientos migratorios resultantes, entre otros, de la en su día llamada "primavera árabe"?
Y sobre todo, ¿Para cuándo el pleno desarrollo normativo y ejecutivo del art. 80 del TFUE, en el que se contiene nada menos que un mandato vinculante de solidaridad entre los Estados miembros en la gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea?
Estas dos ciudades española se enfrentan desde hace meses al aumento de una fuerte presión migratoria que mantiene en alerta constante a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y no se pierda de vista que esta presión se produce, justamente, en las fronteras exteriores de la UE donde se delinean las diferencias de renta y las desigualdades más gruesas entre países fronterizos de todo el planeta tierra: Ceuta y Melilla, señalan, efectivamente no sólo la frontera entre España y Marruecos, sino entre la UE y Marruecos en el continente africano.
Hace apenas un mes, el pasado 6 de febrero, se producía un suceso dramático. Acabó cobrándose la vida de 15 inmigrantes ahogados penosamente en la playa del Tarajal, en Ceuta -junto al espigón que delinea su frontera con Marruecos-.
Tras la comparecencia en el Congreso del Ministro del Interior de España, y las contradicciones puestas de manifiesto en las sucesivas versiones de tan trágico desenlace, ha quedado confirmada la utilización de pelotas de goma contra los inmigrantes. Se pretendía la práctica de la "devolución en caliente" sin respeto alguno de los derechos humanos afectados implicados (non refoulement: principio vertebral del derecho de asilo y de refugio), ni del ordenamiento jurídico español, comunitario e internacional.
La propia comisaria europea de interior, Cecilia Malmström, ha manifestado su preocupación por estos hechos. Corresponde ahora debatir en qué acciones concretas va a traducirse esta preocupación por parte de la Comisión Europea (CE) respecto a la actuación del Gobierno español.
La Comisión de Libertad, Justicia e Interior del Parlamento Europeo (Comisión LIBE) que presido ha introducido este asunto en el orden del día de sus trabajos.
Las cuestiones a resolver son al menos las siguientes:
Ante todo, primero la Comisión LIBE tiene el deber de ocuparse en su próxima reunión de analizar las quince muertes de inmigrantes ocurridas en Ceuta, frontera exterior de Europa, porque entiende que la Unión no podría mirar para otro lado porque si actuara de otro modo estaríamos no sólo ante una tragedia sino ante un motivo de vergüenza.
En efecto, la UE no podría ni debería mirar para otro lado ante lo ocurrido solo porque los fallecidos sean subsaharianos, pobres y despavoridos: el Gobierno del PP debe dar cumplida cuenta de su responsabilidad por una acción de seguridad que acaba terminando con quince muertos. Esos inmigrantes fueron repelidos por fuerzas de seguridad. Y fue al asustarse y huir, que quince de ellos acabaron ahogándose y perdiendo la vida. Este asunto es enormemente grave, porque no hablamos de que un cayuco con inmigrantes a bordo se haya hundido en alta mar, sin posibilidad de rescatarlos, lo cual es siempre una desgracia, sino de muertes producidas tras una actuación policial.
Tan lamentable suceso se ha producido, además, en una playa que es frontera exterior de la UE. En ellas los Estados miembros están obligados a respetar el derecho humanitario, no a realizar "devoluciones en caliente" cuando pueda haber en juego derechos fundamentales implicados, como los de asilo y refugio. No es admisible "pasar página", como si no hubiera ocurrido nada, alegando que "la inmigración es un asunto de Estado" con la pretensión de que desde Europa no se hagan preguntas incómodas. Tales preguntas, al contrario, deben ser planteadas obligatoriamente. Y el Gobierno español tiene que dar explicaciones ante la pérdida de la vida de quince personas que huían de la desesperación tocando en la puerta de la UE.
A ver si somos capaces de asumirlo. ¿Alguien se imagina que en un país de la UE una intervención policial termine con un saldo de 15 muertos y las instituciones europeas no reaccionen? Esas personas murieron en las fronteras exteriores de la UE y las instituciones comunitarias deben estar a la altura de los valores que proclaman y con los que se llenan la boca.
¿Acaso deberíamos pasar por alto estas muertes sólo porque las víctimas fueron 15 subsaharianos pobres y desesperados, como si no tuviesen identidad y familiares que les lloran, como si no tuvieran dignidad como personas que habría debido ser garantizada por todos los poderes públicos de la UE y sus Estados miembros?
¿No piensa acaso la CE que, ante tan grave situación, que cuestiona nada menos que la protección de derechos humanos y el propio acervo comunitario en materia de inmigración y asilo en los Estados miembros deberían aclararse y en su caso depurarse las responsabilidades y, sobre todo, actuar para que esto no vuelva a suceder?
¿Y qué medidas piensa adoptar la CE para apoyar y resolver esta fuerte presión migratoria en la frontera sur de Europa y evitar que una tragedia así vuelva a suceder?
¿Puede estar satisfecha la Comisión de los resultados de las medidas adoptadas a lo largo de esta legislatura europea para responder a los movimientos migratorios resultantes, entre otros, de la en su día llamada "primavera árabe"?
Y sobre todo, ¿Para cuándo el pleno desarrollo normativo y ejecutivo del art. 80 del TFUE, en el que se contiene nada menos que un mandato vinculante de solidaridad entre los Estados miembros en la gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea?