El Gobierno ha tomado el control financiero de la Generalitat este viernes. Es la primera vez en democracia que un ejecutivo toma esta medida respecto a una comunidad autónoma. Y lo ha hecho mediante un mecanismo de control de pagos para Cataluña que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha definido como "novedoso" y que, según ha anunciado, explicará la próxima semana en una comparecencia a petición propia en el Congreso.
El Ejecutivo ha dado hoy 48 horas de plazo al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad que garantice que ni un solo euro de los presupuestos irá destinado al referéndum ilegal del 1 de octubre.
"No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal", ha remarcado Montoro que se ha mostrado convencido de que la Generalitat terminará cumpliendo el requerimiento del Gobierno central.
Estas son las cuatro medidas de control financiero sobre las cuentas de la Generalitat aprobadas este viernes y publicadas en la web de Moncloa.
- La Comisión Delegada para Asuntos Económicos da 48 horas al presidente de la Generalitat para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad que afecte a cualquier gasto que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, con el fin de proteger el interés general y garantizar la estabilidad presupuestaria
- El Estado no enviará nuevas transferencias a la Comunidad Autónoma para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes
- El acuerdo se remitirá a las entidades de crédito para que no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalitat vaya acompañado de un certificado de la Intervención General. Si detectan cualquier irregularidad, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal
- Todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros
¿EN QUÉ CONSISTE EL ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD?
Ese acuerdo de no disponibilidad presupuestaria significa que la Generalitat no puede gastar dinero de las partidas "no vinculadas a servicios públicos", según ha explicado el ministro de Hacienda. Es decir, desde el momento en el que se apruebe el acuerdo de no disponibilidad, la Generalitat no podrá realizar nuevos pagos de gastos no esenciales que no estén ya comprometidos.
"Aclaro que los servicios esenciales son sanidad, educación, servicios sociales y nóminas", ha concretado Montoro.
¿QUIÉN PAGA AHORA LOS SERVICIOS BÁSICOS?
Según las nuevas medidas aprobadas, "la Comunidad Autónoma deberá comunicar al Estado todos los pagos pendientes que afecten a los servicios públicos fundamentales certificando que esos gastos no financian ninguna actividad relacionada con el referéndum ilegal".
Una vez que se recibida esa información, el Estado no enviará nuevas transferencias a la Comunidad Autónoma para pagar esos servicios, sino que abonará directamente, tanto las facturas de los proveedores, como las nóminas de los empleados públicos.
Con esta medida, la Generalitat deja de pagar los servicios esenciales y las nóminas, que pasa a abonar el Estado.
¿QUE TIENEN QUE HACER LOS BANCOS SI DETECTAN MOVIMIENTOS DE DINERO RELACIONADOS CON EL REFERÉNDUM?
El acuerdo al que ha llegado el Consejo de Ministros se va a enviar a las entidades de crédito "con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con el 1-O. Y, en el caso de que los bancos detecten algún pago o transferencia relacionado con la consulta ilegal, han de comunicarlo al Ministerio Fiscal".
Además, cualquier pago que haga la Generalitat tiene que ira acompañado de un certificado de la Intervención General que demuestre que no está relacionado con el referéndum.
¿SE PODRÁ ENDEUDAR LA GENERALITAT A PARTIR DE AHORA?
La respuesta es no. Cualquier operación de ese tipo requerirá, desde la publicación en el BOE de las medidas presentadas este viernes, una autorización del Consejo de Ministros, "incluso operaciones a largo plazo, a pesar de que ya esté aprobado su Plan Económico Financiero".
Sobre la oportunidad de estas medidas, el ministro Montoro ha explicado: ""Estamos intentando evitar las malas ideas, en términos de lo que se esté pensando pagar. E intentado evitar que incurran en la misma ilegalidad en la que ellos mismos se están situando", ha señalado.
Esta medida "de un control de pagos" se prolongará "durante el tiempo que dure" la "situación de excepcionalidad" que han provocado los dirigentes de la Generalitat y "se sigan negando a cumplir la ley".
"Establecemos la garantía de que todo el mundo va a cobrar en plazo y lo va a hacer en función de la seguridad que da el Estado", ha dicho el ministro de Hacienda, ante la "incertidumbre" que están generando las decisiones políticas de la Generalitat sobre el referéndum.
Ha recalcado que está "en juego" el interés general de los catalanes y el conjunto de los españoles y la defensa de la ley y la Constitución.
El texto con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros asegura que estas medias no suponen un control político de la Generalitat, "como ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora, ya que el Gobierno en ningún momento suspende sus competencias. Lo que sí supone es que el Gobierno del Estado pasa a asumir el control de la gestión de sus gastos, y lo hace en defensa de los servicios públicos, de la estabilidad presupuestaria y del interés general".
LA DECISIÓN DE LA GENERALITAT, A LA FISCALÍA
Montoro ha enviado a la Fiscalía la decisión de la interventora de la Generalitat de acatar la orden del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, de no informar de los gastos del Ejecutivo que preside Carles Puigdemont.
El titular de Hacienda ha explicado que las nuevas medidas de control de las cuentas catalanas se han adoptado después de que el vicepresidente de la Generalitat anunciara por carta al Ministerio de Hacienda que no iban a informar semanalmente como se les pidió por acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del pasado 21 de julio.
A este hecho se ha sumado, según Cristóbal Montoro, que la interventora de la Generalitat se ha dirigido al Ministerio para decir que había recibido la orden de Junqueras de que no informara y de que había acatado la decisión.
'Lo que hemos hecho ha sido enviar a la Fiscalía esta situación', ha anunciado el ministro, quien ha recalcado la 'obligación' de cualquier funcionario público de cumplir con la legalidad.
