![Manifestación de la Diada]()
Vamos a seguir adelante. Esta la consigna que dan desde el Govern y Junts pel Sí de cara al 1-O. Hacen caso omiso, por el momento, a las resoluciones del Tribunal Constitucional que suspenden la ley del referéndum y el decreto de convocatoria. Ya han sido apercibidos por el Alto Tribunal y nadie podrá alegar posteriormente que no sabía que cometía un posible delito.
¿Y cómo quieren salir indemnes políticamente ante esta manifiesta desobediencia? ¿Cómo pueden luego hablar de un supuesto éxito la noche del 1 de octubre ante una consulta rechazada por los tribunales y no reconocida internacionalmente?
La clave será la participación, según comentan varias fuentes independentistas. Los organizadores del referéndum confían en una fuerte movilización para poder respaldar el camino hacia adelante emprendido desoyendo a letrados y jueces. Quieren la foto de millones de personas inundando las calles de Barcelona.
Hay que tener en cuenta que el Govern y los grupos que lo apoyan en el Parlament (Junts y la CUP) siguen basando sus movimientos en las suspendidas leyes del referéndum y de transitoriedad. ¿Veremos a Carles Puigdemont proclamando la independencia esa noche o al día siguiente? Todos los movimientos dependerán de cómo se desarrolle la jornada y cuánta gente salga a la calle.
CONFIANZA EN LOS ALCALDES... Y SIN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
La estrategia para llevar a cabo ese 1-O pasa hasta ahora por trasladar todas las cuestiones organizativas a los ayuntamientos. El papel de los alcaldes será primordial. Todos los políticos saben del carácter de los regidores, muchos de ellos con más personalidad que los altos dirigentes de los partidos. Por ello, en la Generalitat entienden que estos cargos municipales responderán a la supuesta necesidad de sus vecinos de acudir a las urnas y no negarán esa posibilidad.
La ley del referéndum no fija un mínimo de participación para consumar la secesión (al igual que sucedió en el caso escocés). De esta manera, se lavan las manos ante la posibilidad de que no se llegara a producir una gran movilización. El propio Puigdemont ha reconocido en público que concretar un límite de participación no era esencial porque algunos llamarían al boicot y no quería "entrar en ese juego".
De hecho, desde el independentismo se ha guardado mucho cuidado en no decir cifras de participación para considerar un éxito la consulta. No quieren pillarse los dedos. Uno de los espejos para mirarse es la consulta del 9 de noviembre de 2014, en la que participaron 2,3 millones de catalanes (el 42% de los 5,4 millones convocados a la votación). En el referéndum convocado en 2006 para aprobar la reforma del Estatuto de Cataluña votaron 2,59 millones de catalanes (el 48,85% del censo).
Estos porcentajes de participación son inferiores a los que ha registrado Cataluña en las últimas citas electorales: generales de junio de 2016 (65,61%), generales de diciembre de 2015 (70,98%) y autonómicas de 2015 (77,44%).
![]()
BARCELONA Y LOS JÓVENES
El primer gran termómetro de participación fue la manifestación de la Diada durante el pasado lunes en Barcelona. El centro de la capital se vio desbordado por una marea de independentistas, aunque volvió la guerra de cifras (la Guardia Urbana habló de un millón de asistentes, mientras que la Delegación del Gobierno los limitaba a 350.000). Para los organizadores del referéndum fue una exhibición de músculo, una señal de que saldrá mucha gente a la calle, aunque en La Moncloa hicieron una radiografía distinta y concluyeron que fue menos masiva que en otras ocasiones y que no representa el verdadero sentir de Cataluña (lo ven más en esa foto de división en el Parlament).
Como en todo partido, es muy importante que la moral esté bien alta. A lo largo de estos días los independentistas continuarán con actos de supuesta campaña a lo ancho del territorio catalán y el mensaje estará centrado especialmente en que se trata de una cuestión de dignidad democrática.
Una de las obsesiones que han tenido estos días en el Govern y en Junts pel Sí ha sido la ciudad de Barcelona. Sin la capital el referéndum estaba abocado a un rotundo fracaso. A pesar de las dudas que suscitaba Ada Colau con cada una de sus declaraciones, confiesan fuentes independentistas, siempre han confiado en que lo permita de una manera u otra. El análisis que hacían en el PDeCAT y ERC es que al final no se podía permitir ante su electorado estar al lado de Mariano Rajoy.
Los independentistas creen que la participación en Barcelona y de los jóvenes marcará la movilización
Y otro de los públicos a los que quieren llegar los independentistas es al sector más joven de la población. Entre los votantes menores de 35 años hay un mayor sentimiento independentista, aunque también suscitan sus dudas sobre su movilización frente a sus mayores, según fuentes independentistas.
En el otro extremo está la posiciones de los partidos contrarios a la independencia. Ya mostraron su rechazo total a esa supuesta consulta y van a intentar frenar la participación. Consciente de la situación, hasta el propio presidente del Gobierno ha pedido públicamente a los catalanes que no vayan al 1-O.
La Moncloa está intentando paralizar de todas formas el referéndum. Incluso se ha planteado cortar hasta la luz a los colegios que abran ese domingo. La Fiscalía ya ha informado a los Mossos y policías locales que deben retirar urnas y actuar contra todo intento de organización de la consulta. Una de las fotos que se espera ese día es la de fuerzas y cuerpos de seguridad quitando las urnas. Por eso, podría producirse que mucha gente acuda a primera hora, cuando abran los colegios, para introducir sus papeletas.
Sin olvidar el último freno del Gobierno central: Hacienda ha dado 48 horas a la Generalitat antes de intervenir las cuentas y evitar que cualquier euro público vaya destinado al referéndum. Esto achica más el margen de maniobra de la Generalitat, que confía en que sean los voluntarios y los ciudadanos los que hagan posible esa consulta.
Y es que, un alto cargo independentista, dibuja la idea de que el Estado no se puede permitirse ninguna imagen de "abuso de poder" y apunta a la posibilidad extrema de que unas calles llenas de personas que quieren votar impedirían la actuación policial.
¿Cuánta gente saldrá a la calle sabiendo que es un referéndum ilegal? La respuesta: el 1 de octubre.
